EUA sancionó a funcionarios nicaragüenses por corrupción
Los funcionarios sancionados "han tenido un papel en la dirección de entidades involucradas en abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción".
El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones a tres funcionarios nicaragüenses por su involucramiento en la violación de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción, según informó el Departamento del Tesoro.
Los sanciones afectarán a Ramón Antonio Avellan Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, especificó el Departamento del Tesoro en un comunicado en su sitio web.
Los funcionarios sancionados “han tenido un papel en la dirección de entidades involucradas en abusos de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción”, enfatizó el texto difundido por el medio de noticias la Voz de las Américas.
Avellan Medal es el director general adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua, que el Tesoro identifica como “una entidad que ha cometido, o cuyos miembros han cometido, actos significativos de violencia o abusos de derechos humanos contra personas involucradas en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Asimismo, fue el jefe policiaco que dirigió la represión entre abril y mayo de 2018 contra los manifestantes atrincherados en la ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros de la capital, con un saldo de decenas de muertos, desaparecidos y detenidos.
Campbell Hooker, un antiguo cuadro del sandinismo desde la década de los años 70, es el presidente interino del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), y su designación se debe a su participación como “funcionario actual del gobierno de Nicaragua”.
“El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”, dice el texto del Tesoro.
López Gómez funge como director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), este organismo y sus funcionarios “han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción relacionadas con el gobierno de Nicaragua”, según el Departamento del Tesoro.
El director del INSS ha incurrido en la “apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno”, enfatizó la institución estadunidense.
“Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, expresa el texto.
Desde abril de 2018 cuando estalló la crisis política ante el aumento a las cuotas al INSS, lo cual posteriomente fue anulado, la represión de la policía y los paramilitares afines al gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, ha dejado más de 400 opositores muertos, en su mayoría estudiantes, decenas desaparecidos y al menos 600 encarcelados.
Varios medios de prensa críticos al gobierno han sido cerrados y miles de nicaragüenses han salido de su país, donde la crisis económica y social se ha ido deteriorando, según informes de organismos internacionales.
