Erandi Bermúdez exige cuentas claras en pago de becas “Benito Juárez”
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, uno de los programas estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presenta irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos.
Ante la opacidad y la falta de rendición de cuentas del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el senador panista, Erandi Bermúdez Méndez exigió se aclaren las irregularidades en los pagos a jóvenes estudiantes del país.
El legislador manifestó lo anterior en dos cartas dirigidas a Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez y a Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública.
Además, inscribió un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar a ambas dependencias a que rindan un informe detallado de las y los beneficiarios del programa de becas, así como el estatus de los pagos faltantes.
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, uno de los programas estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presenta irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que hizo público su informe sobre el gasto público de 2019, denunció.
Agregó que el informe que emitió la ASF en febrero, señala que se detectaron irregularidades por falta de documentación que justificara los pagos durante la transición de las ayudas de Prospera a las becas educativas “Benito Juárez”.
Su exigencia se registra luego de que, en octubre de 2020, el también coordinador en funciones de la bancada del PAN en el Senado denunciara públicamente el robo de becas “Benito Juárez” a aproximadamente 150 estudiantes de bachillerato en Pénjamo, Guanajuato.
Bermúdez Méndez informó que desde entonces ha recibido mensajes de más estudiantes no sólo de Guanajuato, sino de otras entidades, externando que han sido víctimas del mismo fraude.
En su exposición de motivos, el legislador guanajuatense reveló que los problemas en esos programas sociales han sido debido a la opacidad, falta de reglas de operación y corrupción en las dependencias responsables.
“Es criminal el otorgar o reservarse recursos públicos sin ningún tipo de transparencia, control ni regularización y en total opacidad. Pero más grave aún, el daño que se les está haciendo a las y los beneficiarios y sus familias”, acusó Bermúdez Méndez.
