Desaparecen diputados seguro popular; crean el INSABI

Luego de 19 años de existencia, el Seguro Popular desaparece y, en su lugar se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El Seguro Popular fue creado en el 2003, durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox. Su padrón a la fecha era de 57 millones de afiliados, de acuerdo con datos oficiales.

En una sesión que se desarrolló en medio de un ríspido debate, los legisladores aprobaron con 290 votos a favor, 42 abstenciones y 65 en contra las reformas a la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para dar paso a la creación del nuevo instituto de salud.

No todos los legisladores de Morena estuvieron de acuerdo con la desaparición del Seguro Popular, por lo que votaron en contra o en abstención.

Pese a ello, los morenistas con el apoyo de algunos de sus aliados del PES, del PT y del Verde, impusieron su mayoría para aprobar las reformas, que de inmediato fueron enviadas al Senado de la República para sus análisis y ratificación.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, de Morena, afirmó que el nuevo modelo de salud pública está dirigido especialmente a las personas que carecen de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados.

Se establece en el documento que el INSABI tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Además, deberá impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Se destaca también que la protección de la salud será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad y que los beneficiarios no cubrirán ningún tipo de cuota de recuperación o cualquier costo de los servicios que reciban.

Se aprobó una reserva presentada por el morenista Manuel Huerta en la que se establece que, en la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos e insumos, los gobiernos estatales aportarán recursos, conforme a lo establecido a los acuerdos de coordinación y se aplicarán sanciones por el incumplimiento.

El priista Fernando Galindo afirmó que esta reserva va a tener implicaciones significativas debido a que va a afectar la capacidad financiera de los estados y municipios.

“Proponer reformas de este tipo pueden tener rentabilidad política de muy corto plazo, “pero si estas reformas no están acompañadas de certidumbre en la fuente de financiamiento va a ser imposible la implementación, vamos a generar falsas expectativas”, dijo.

Claudia Pastor, también del PRI, dijo que es loable que se busque un sistema de salud gratuito, pero se debe presupuestar porque no se puede sustituir algo que funciona por ideales.

“Ustedes empezarán el Insabi con 40 mil millones de pesos de los 120 mil con los que cuenta el Fondo de Gastos Catastróficos que piensan desaparecer”.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, recordó que el 50 por ciento de ese fondo ya está comprometido por lo que quedarán unos 20 mil millones con lo que no habrá recursos para atender enfermedades como el cáncer o el VIH.

Durante la discusión, los panistas, que se enfrascaron junto con los del PRD en una guerra de declaraciones con los morenistas, acusaron a este gobierno y a su partido de dar muerte al Seguro Popular por el solo capricho del presidente López Obrador.

“Morena Mata el Seguro Popular”, se leía en las pancartas que mostraban los legisladores albicelestes.

Incluso Justino Arriaga, de Acción Nacional, presentó una reserva en la que proponía que se pospusiera la entrada en vigor de este instituto hasta finales de diciembre con el propósito de que contara con los recursos y la infraestructura necesaria y darle certeza jurídica al nuevo organismo, pero fue rechazada por la mayoría morenista.

En cambio, se aprobaron dos reservas: una del Partido Encuentro Social para que, en un periodo de tres años, a partir de que entre el vigor el decreto, el INSABI presente al Poder Legislativo un informe sobre la cobertura de la prestación gratuita en el servicio.

Y otra más presentada por la priista Dulce María Sauri para que la Junta de gobierno del INSABI no recibirá retribución o emolumento ni compensación por su participación.