Comisiones del Senado aprobaron tipificar como delincuencia organizada la defraudación fiscal

Comisiones del Senado aprobaron tipificar como delincuencia organizada y con prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal a través de empresas fantasma, así como a quienes expidan, almacenen o compren facturas falsas para simular operaciones tributarias.

Las comisiones unidas de Hacienda y Justicia propusieron que estas conductas también se consideren una amenaza a la seguridad nacional.

El dictamen fue avalado con los votos de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social. Los senadores del PRI y PRD se abstuvieron.

Se reforman 9 artículos de 5 leyes y códigos, para castigar hasta con 8 años de prisión a quienes se dedican a estos delitos, cuando el daño a la hacienda pública supere los 7.8 millones de pesos.

En el caso de los servidores públicos se establece que además del proceso penal, serán sujetos a inhabilitación hasta por 10 años de comprobarse su participación en defraudación fiscal o la compra-venta de facturas falsas.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, declaró que este dictamen abre la puerta al “terrorismo fiscal”.

Propuso elevar de 7.8 a 14 millones de pesos el monto para considerar que hay defraudación fiscal y en el caso del uso de facturas falsas que la sanción se aplique cuando haya dolo, es decir, que aún conociendo la sanción se incurra en el delito.

“Estas actividades, las que atentan a la seguridad nacional, buscan desestabilizar la paz y las instituciones de gobierno, particularmente las conductas como sabotaje, terrorismo, traición a la patria, tráfico ilegal de material nuclear, yo les pregunto, ¿deberás los factureros debieran estar considerados como alguien que está en el tema de la seguridad nacional. Ya estamos mandando un mensaje muy fuerte incluyéndolos en la delincuencia organizada, va a ser una tarea bien complicada para las autoridades, porque acreditar delincuencia organizada no es nada sencillo. Se manda la señal, pero no le agreguemos seguridad nacional a lo que no tiene que ver con la seguridad nacional”.

La priísta Nuvia Mayoga se pronunció por castigar a quienes están detrás de las empresas fantasma, pero no a incurrir en “terrorismo fiscal”.

“De acuerdo a que existan sanciones a quienes estén comprando o vendiendo facturas, a los que estén evadiendo al Fisco, pero que caigamos en el terrorismo fiscal. Vamos con una propuesta como bloque, lo que queremos es darle garantías también a los empresarios para que sigan invirtiendo. Tenemos en este momento al país un poco paralizado, no hay derrama económica”.

Lucía Meza, senadora de Morena, rechazó que este dictamen abra la puerta al “terrorismo fiscal”.

“La reforma sólo afectará a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas, esta reforma no pretende criminalizar al empresario, es al contrario, es para protegerlo de prácticas desleales que atentan contra la sana competencia. Tampoco, sanciona al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales ni al que por descuido deja de enterar contribuciones o al que fue engañado por su contador, declarando datos incorrectos, no se trata de un terrorismo fiscal, ni tampoco de ir en contra de los empresarios honestos”.

El dictamen prevé beneficios para quienes a través de la Procuraduría Fiscal aporten información que ayude a llegar a los beneficiarios finales del uso de empresas fantasma o facturas falsas para simular operaciones.

Se establece que estos delitos se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda, que fungirá como víctima u ofendido, para evitar que los auditores tengan herramientas para extorsionar a los contribuyentes auditados.

El dictamen aún deberá ser discutido y aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, antes de llegar al pleno en el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre próximo.