Avalan legisladores de Morena castigar con cárcel la facturación falsa y empresas fantasma
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 318 votos a favor, 121 reformas y tres abstenciones, reformas para sancionar hasta con nueve años de prisión la emisión de facturas falsas y las empresas fantasma.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 318 votos a favor, 121 reformas y tres abstenciones, reformas para sancionar hasta con nueve años de prisión la emisión de facturas falsas y las empresas fantasma al considerar estos delitos como delincuencia organizada, por lo que procederá también el decomiso de los bienes.
Se trata de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, que fueron remitidas al Ejecutivo Federal para su promulgación.
De esta forma, se establece prisión de dos a nueve años al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Se aplicarán las mismas penas al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Detalla que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido e inhabilitado por un periodo de 10 años.
Estas sanciones se aplicarán a los contribuyentes que evadan el pago de impuestos iguales o superiores a los 7.8 millones de pesos.
Durante el debate, la oposición manifestó que se trata de la “ley del garrote”, y de terrorismo fiscal, lo que fue rechazado por Morena y sus aliados, quienes afirmaron que de esta forma se busca combatir la evasión fiscal.
Sin embargo, Rubén Cayetano García, de Movimiento de Regeneración Nacional, rechazó que con estos cambios se criminalice a los empresarios.
“Para ello se incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, además se considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de los altos ilícitos en contra del fisco general, tales como el contrabando y si equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, dijo.
Su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, señaló que en los últimos tres años se han cometido más de 7 mil 600 delitos fiscales en el país, muchos de ellos por parte de empresas que tienen nexos con la delincuencia organizada.
Por ello, dijo que se justifican plenamente estas reformas para remediar el daño económico que le ocasiona al Estado la cantidad de delitos que se han cometido en materia fiscal por defraudación y elusión de facturas falsas, lo que pone en riesgo al Estado.
En tanto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pastor, señaló que con estas reformas se desata un terrorismo fiscal.
Sin embargo, los diputados de oposición han advertido que se trata de una “Ley Garrote2, de un terrorismo fiscal, que no va a resolver el problema de la evasión.
“Están instaurando un estado policial y un populismo penal, esto no les va a ayudar a la recaudación, están generando incertidumbre con sus generalidades en las leyes y quitan los incentivos para que los inversores y burocracia, que son los principales grupos de recaudación de este país, queden en la total incertidumbre”.
Por su parte, el panista Jorge Luis Preciado comentó: “Creo que esta pistola que le estamos poniendo a todos los empresarios, a la gente que invertimos en este país, es muy delicado. No va a haber más recaudación, va a haber fuga de capitales, va a haber gente que ya no quiera invertir. Y si este año vamos a crecer 0.01 por ciento, el siguiente año, con este tipo de reformas, no me queda ninguna duda, que no vamos a llegar ni al cero”, destacó.
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El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, informó que van a interponer una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte para tratar de revertir estas reformas.
